100 años de Electra Caldense: Capítulo III. Los años oscuros
El estallido de la Guerra Civil el 18 julio de 1936 derivó en un escenario de violencia revolucionaria en Cataluña. En cada pueblo se formaron grupos armados que, en nombre de la revolución, vengaban por su cuenta antiguas injusticias, deteniendo y asesinando a propietarios y religiosos, y requisando sus bienes. La ausencia forzada de los propietarios y directivos de las empresas, junto con la fuerza que tomaron los nuevos comités antifascistas, llevó a la Generalitat a dictar el Decreto de colectivizaciones y control obrero, que puso en manos de los trabajadores la dirección de las empresas.
En el caso de la Electra, los administradores y directivos tuvieron que abandonar su casa. El 11 de agosto de 1936 una representación del Comité Antifascista calderín se presentó en la oficina administrativa de la empresa para encargar de forma interina a los trabajadores Jerónimo Pascual y Pedro Sierra la responsabilidad administrativa y sobre las instalaciones. Así, se acordó formalmente la confiscación de la empresa, sin indemnización, y su traspaso al Ayuntamiento para su municipalización.
Sin embargo, no se llevó a cabo la municipalización ni tampoco, propiamente, la nacionalización, sino que ese mismo mes de agosto todas las empresas del sector eléctrico catalán fueron colectivizadas y unificadas bajo el nombre de Servicios Eléctricos Unificados de Cataluña (SEUC). La dirección de estos servicios correspondía al Comité Central de Control Obrero de Gas y Electricidad, en el que la mayoría de miembros pertenecían a la CNT y la UGT, y la Generalitat solo tenía un interventor con poder muy limitado. El 14 de septiembre de 1936 se designaron los trabajadores responsables de la Electra y la actividad pasó a depender de los responsables sindicales de Sabadell de la antigua Cooperativa.
En abril de 1938 se disolvieron los SEUC y las antiguas empresas que lo integraban pasaron a depender del Comisariado General de Electricidad integrado dentro del Ministerio de Defensa. Durante los años de la guerra apenas se pudo mantener el servicio con normalidad y no se realizaron nuevas inversiones. Con todo, en Caldes, como en el conjunto de Cataluña, el suministro eléctrico se pudo mantener en un nivel adecuado hasta entrado 1938. Sin embargo, hubo otros problemas como los impagos; uno de los principales deudores fue el Ayuntamiento. Las autoridades decidieron congelar las tarifas eléctricas, dada la situación generalizada de pobreza.
El 29 de enero de 1939 las tropas de Franco entraron en Caldes, y dos meses más tarde se consumó la derrota definitiva de la República y el final de la guerra. A pesar de que todos los consejeros, directivos, trabajadores y el ingeniero Margarit fueron regresando a los puestos que ocupaban, al recuperar el control se notaban los efectos de la guerra, como el descenso del consumo eléctrico o las pérdidas de distribución. Además, los vencedores quisieron perpetuar la dictadura, y la Segunda Guerra Mundial supuso el aislamiento internacional de España, con consecuencias económicas desastrosas.
El aislamiento provocó la escasez de productos de primera necesidad, materias primas y bienes de equipo para las empresas. Estas carencias se resolvían con racionamiento, un sistema de cuotas o «cupos» a las importaciones y con el fomento de la producción autóctona. Aquella autarquía económica hasta 1950 comportó inflación, déficits presupuestarios y comerciales, y el empobrecimiento de la población. Los precios de los productos de consumo eran un 78% más altos que en 1935, y en el período 1940-50 aumentaron un 197% y los salarios no crecieron. Los empresarios de la Electra intentaron paliar aquella precariedad con revisiones frecuentes de los sueldos, pagas extraordinarias propias, y la posibilidad de “proveer comestibles a precios económicos”. La falta de cobre, la materia prima básica de la red eléctrica, afectó de lleno al sector eléctrico. La compra de cobre estaba totalmente intervenida por el gobierno y era necesario un largo trámite administrativo ante el Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad para conseguir un «cupo», y el producto llegaba con cuentagotas.
Terminada la guerra, la oferta eléctrica cayó por debajo de la demanda y eso obligó a hacer restricciones durante años. Algunas centrales de producción de electricidad habían quedado fuera de servicio debido a los bombardeos. Además, hubo una fuerte sequía que redujo las reservas de agua de los embalses y su capacidad de producción. A esto se sumaba una política de tarifas eléctricas bajas, que no incentivaban a las grandes compañías a realizar nuevas inversiones en producción, y, en general, una política económica más orientada a mantener el régimen político que el progreso económico.
La Delegación Técnica Especial para la Regulación y Distribución de Energía Eléctrica se encargaba de dictar a las empresas distribuidoras el límite de energía que se podía consumir en su red, y las eléctricas lo tenían que notificar a través de un «parte» diario. Sobrepasar los límites comportaba sanciones, y para evitarlas, la empresa distribuidora podía cortar temporalmente el suministro a sus clientes. Las primeras restricciones de la Electra fueron en 1944. Para aplicarlas, se hicieron pregones solicitando que todos redujeran voluntariamente el consumo tanto como pudieran y se apagaron un tercio de las lámparas del alumbrado público. Las industrias fueron las más afectadas, ya que la reducción les impedía trabajar durante muchas horas.
En 1941 se construyeron dos estaciones transformadoras debido al traslado de la antigua fábrica textil Alemany y la puesta en marcha de la Lanera Caldense. En 1949 se construyó otra para alimentar una importante fábrica textil. En 1953 los consumos se habían ido recuperando, y la red proyectada en 1918 se iba acercando a su límite de capacidad y fue necesario invertir para aumentar la sección de los cables de las líneas.
La Electra pudo renovar el contrato de suministro con la Compañía de Fluido Eléctrico y aceptó que solo podría vender electricidad al municipio de Caldes.
A principios del 1954, el industrial metalúrgico Josep Bonastre proyectó la construcción de una fábrica de metal duro en la calle Bigues de Caldes, donde la Electra tenía su segunda estación transformadora. El proyecto preveía una demanda eléctrica de 500 kVA y la solicitud se puso a la consideración del proveedor, que como solución para ese aumento de demanda propuso establecer un nuevo contrato que previera el cambio de tensión de la red. Para la Electra, sacar adelante ese proyecto no fue fácil, pero los directivos decidieron continuar, convencidos de que aquella inversión aumentaría la capacidad y que el consumo haría un gran salto adelante.
En 1959 se compró el número 3 de la plaza de Cataluña, que coincidía con la parte de atrás de la finca del número 60 de la avenida de Pi y Margall, donde desde el inicio la Electra tenía su tienda. De esta manera, en un mismo punto del centro de la población estaban todos los servicios de la empresa. Así, durante 50 años, desde 1960 hasta 2010, esa casa fue el domicilio social de la compañía y de ahí que las juntas de socios se dejaran de celebrar en el ayuntamiento.
En el próximo capítulo conoceremos el crecimiento de la empresa, la celebración de los cincuenta años de la creación de la Electra y la fundación de la Asociación de Empresas Eléctricas.
Autora: Marta Puigdueta Revetlle
Publicado en: Calderí
Fecha: 4/4/2017
Investigación: Joan Villanueva Dachs
